Jesús Aranda
La Jornada
Las instituciones educativas privadas son entes de interés público, por lo que sus derechos a la privacidad están supeditados a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual asentó que no basta que una escuela privada alegue “dogmáticamente” que lo publicado en un medio de comunicación carece de veracidad, para enderezar una denuncia por responsabilidad civil en contra del autor de la información o del medio en que se publicó.
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