Por considerarla contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Coalición Pro Acceso a la Información Pública rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró confidenciales los sueldos de los funcionarios públicos y que estableció que los ciudadanos que deseen datos y estadísticas en poder de los organismos del Estado deben explicar los motivos por los cuales desean esa información y en qué la utilizarán.
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